Colombia: Encuestas

Regulaciones

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es la autoridad responsable de ejercer el control y la vigilancia de la organización electoral. Esta institución vela por el cumplimiento de las normas sobre publicidad y encuestas de opinión política teniendo en cuenta que “la interventoría de la ley debe ser apenas la necesaria para promover y garantizar un proceso político equilibrado, legal y pluralista entre las fuerzas que en él participan”. En concordancia con esta disposición constitucional, las normas reguladoras de las encuestadoras políticas y electorales en Colombia son relativamente liberales.

Desde finales de los años 90, los requisitos para las empresas encuestadoras han sido esencialmente tres: primero, la inscripción en el registro del CNE, con representación legal si es persona jurídica o con registro mercantil si es persona natural; segundo, demostrar experiencia no menor de un año en la realización de encuestas; y por último, proveer tres constancias de medios de comunicación, empresas, instituciones o usuarios en general sobre la seriedad e idoneidad del trabajo.

La normativa actual prohíbe la divulgación de resultados de encuestas “a boca de urna” o exit polls en todo tipo de comicios. Así mismo establece un periodo de veda de siete días para elecciones presidenciales en el que se prohíbe la publicación de encuestas o sondeos. La veda se promulga con el propósito de favorecer “un margen de reflexión para que el elector decida su voto sin la presión externa de los medios de comunicación”. En América Latina, sólo Argentina aplica una veda más larga para elecciones presidenciales (15 días). Las encuestadoras han intentado reducir la duración de la veda sin éxito.

La divulgación de la ficha técnica es obligatoria para la publicación de encuestas electorales. Debe indicarse quién la efectúa y quién la encarga, la fuente de financiación, el tipo y tamaño de la muestra, las fechas de realización, los candidatos indagados, las áreas cubiertas, y el margen de error. Las encuestadoras tienden a cumplir con estos requisitos.

Encuestadoras

Ante el CNE, hay reconocidas hoy más de 180 encuestadoras entre compañías y personas naturales, de las cuales cerca de 60 cuentan con registro vigente para operar. Según Napoleón Franco, presidente de Ipsos-Napoleón Franco, Colombia tiene una de las cifras más altas de compañías encuestadoras en la región. Sin embargo, varias de ellas son de propiedad de políticos activos y han recibido sus certificados de idoneidad por parte de congresistas y gobernadores, lo que pone en entredicho su independencia. Las afinidades entre políticos y encuestadoras son más evidentes en los casos de empresas pequeñas, personas naturales y firmas que trabajan a nivel local principalmente.

Solo un puñado de firmas reconocidas por su experiencia, profesionalismo y/o asocio con empresas multinacionales del sector son comisionadas por los grandes medios de comunicación para hacer encuestas electorales a nivel nacional. Estas empresas son: Datexco, Yanhaas, Opinómetro, Centro Nacional de Consultoría, Ipsos-Napoleón Franco, Invamer-Gallup, y Cifras y Conceptos.

Las últimas cuatro son probablemente las que actualmente gozan de mayor reputación. Cifras y Conceptos requiere una mención aparte. La firma es una empresa creada recientemente y que se está consolidando como una de las encuestadoras más acertadas. Su gerente, César Caballero, fue Director del Departamento Nacional de Estadística de Colombia. Sus credenciales de profesional independiente son ampliamente reconocidas tras haber renunciado su cargo cuando la administración pasada lo presionó para no divulgar los resultados de una encuesta de victimización. Tras pronosticar acertadamente la elección de 64 de 70 senadores en las elecciones legislativas de 2014, el portal de noticias políticas colombiano online, La Silla Vacía lo apodó el “El César de las Encuestas”.

Confiabilidad y Controversia

El tema de la confiabilidad de las encuestas electorales genera controversia tanto entre la clase política y los comentaristas y analistas políticos, así como también entre las mismas encuestadoras. La última gran polémica se desató en torno a los sondeos para la primera vuelta de las elecciones presidenciales en 2010. A escasos días de los comicios al menos cinco de las encuestadoras más reconocidas (Centro Nacional de Consultoría, Datexco, Universidad de Medellín, Ipsos-Napoléon Franco, Invamer-Gallup) publicaron intenciones de voto favorable al candidato del Partido Verde, las que finalmente resultaron ser mucho más altas que en el voto real. El cálculo de votos fluctuaba entre 32% y 37%, mientras que la votación el día de la elección fue solo de 21%.

Tras los resultados la opinión pública en general y la clase política señalaron a las encuestadoras como “las grandes perdedoras” y adicionalmente, “falseadoras de la realidad”.

La teoría probabilística indica que una de cada 20 muestras puede distanciarse de los resultados de la tendencia central por encima del margen de error, por lo tanto, el desfase de las encuestadoras en dicha elección asombra.

La diferencia numérica se explica por dos factores. En Colombia, el voto rural es significativo y las encuestadoras tienden a subestimarlo, probablemente por los mayores costos de operación que implica identificar la opinión de un electorado sin líneas de teléfono fijo ubicado en municipios apartados de las grandes ciudades. Además, los cambios producidos entre los electores durante la semana previa a la elección, como es habitual, no se registraron.

Cabe destacar que desde el punto de vista estadístico (y de las firmas encuestadoras), la confiablidad se relaciona con la consistencia en la medición, siendo la confiabilidad alta si los resultados son consistentes bajo condiciones similares, y esto precisamente fue lo que mostraron los resultados de las encuestadoras, que eran consistentes entre sí.

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