Colombia: Lo que está en juego

El Fondo

En mayo Colombia decide si reelige al presidente saliente, Juan Manuel Santos, o vota por un nuevo líder. No es poco lo que esta en juego. Dependiendo de qué candidato llegue a la Casa de Nariño –  y el abanico de opciones abarca desde la derecha conservadora a la izquierda radical pasando por dos opciones de centros – algunas de las políticas medulares de los últimos años podrían verse revertidas, pues las diferencias entre los candidatos son sustanciales.

Sobre el papel, y en vista de esa diversidad política e ideológica, en las próximas elecciones existe el riesgo de que el péndulo en materia de política económica se distancie del modelo neoliberal. Por ejemplo, el ideario de unidad del partido de izquierda Polo Democrático tiene como punto de arranque “el rechazo de la globalización neoliberal expresada en el Tratado de Libre Comercio con EE.UU”. En 2012 Colombia firmó tal acuerdo con el coloso del norte y el año pasado otro con la Unión Europea, actualmente está en negociaciones similares con Corea del Sur. Si bien la izquierda buscaría renegociar o revertir arreglos de este tipo, la probabilidad de que llegue al poder es baja.

Sobre los diálogos de paz que el gobierno de Santos adelanta en La Habana con la guerrilla de las FARC, el gran crítico al proceso es el Centro Democrático (CD). El candidato del partido, Oscar Iván Zuluaga, ha dicho que “no se arrodillará ante el terrorismo ni el castro-chavismo”. Un punto importante en el que el CD ha capturado el sentimiento de los colombianos es en que la mayoría quiere ver a las FARC pagando sus crímenes con cárcel (81%, según una encuesta de Ipsos). Si el presidente electo fuera Zuluaga, el rumbo de los diálogos — como está formulado hoy — cambiaría drásticamente.

En el caso que el vencedor fuera Enrique Peñalosa – de Alianza Verde – y los eventuales acuerdos en La Habana llegaran a buen puerto, quedarían por resolver sus ratificaciones, en las que el Congreso tendrá voz y voto. La posición del partido verde como minoría, y los problemas de gobernabilidad que esto conlleva, no harán este trámite (ni ningún otro) nada fácil. Una situación en la que el partido del presidente cuenta con el 5% de los escaños en el Senado es inédita en el país.

La Forma

En esta ocasión el proceso electoral mismo será más importante de lo que parece a primera vista. Con abstencionismo, clientelismo, casos de fraude electoral y demás vicios e imperfecciones del sistema político, el proceso electoral deberá ser — y parecer — decididamente justo y democrático. Las garantías electorales en cuanto a seguridad, acceso a financiación estatal y a medios de comunicación públicos, han de ser efectivas y equitativas para todos los candidatos por dos razones de fuerza mayor.

Primero, el regreso del partido de izquierda Unión Patriótica (UP) que tras recuperar su personería jurídica participa en las elecciones en coalición con el Polo Democrático. A finales de los años 80 y comienzos de los noventas la UP fue victima de un “genocidio político” en el que dos candidatos presidenciales y 4,000 de sus militantes fueron asesinados. La participación de este partido en un proceso electoral democrático donde su programa e ideario puedan ser divulgados libremente, y esto se traduzca en votos y representatividad política tiene un significado extraordinario en la coyuntura actual, pues no solamente le demuestra a la izquierda radical (entre sus fundadores figuran integrantes de frentes guerrilleros desmovilizados) que sí es posible hacer política dentro del marco legal, sino que reconfirma la obsolescencia de la violencia como expresión política en el país.

Segundo, una aceptación generalizada entre electores y candidatos de que las elecciones presidenciales fueron limpias sería vital  para restar importancia a posibles acusaciones de ilegitimidad. Fuertes declaraciones alegando la ilegitimidad del recién elegido congreso fueron lanzadas por el popular expresidente Álvaro Uribe, ahora senador electo y jefe del CD, sobre los comicios legislativos del pasado 9 de marzo. Ante una posible derrota del candidato del uribismo en las elecciones presidenciales de mayo es probable que se intenten sembrar dudas sobre la legitimidad política de un segundo gobierno de Santos. La forma más eficaz de combatir este peligroso juego sería con un proceso electoral transparente y contundente — en el que ganadores y perdedores tengan que consentir los resultados sin vacilación.

Seguridad y Crecimiento

Las elecciones se dan en un contexto favorable para el país: una década de desempeño económico aceptable caracterizado por bajas tasas de inflación, crecientes influjos de inversión extranjera y apertura comercial. El sector minero-energético ha sido clave para el desarrollo exportador, generando divisas y recursos fiscales destinados al gasto militar y  social — la construcción de vivienda de interés social siendo un rubro importante. Colombia ha aprovechado la bonanza en los precios globales de productos primarios gracias a las mejoras que las dos administraciones de Álvaro Uribe (2002-2010) propiciaron en seguridad. Los factores determinantes de esta mejoría fueron dos: la exitosa arremetida militar que dio de baja a varios de los comandantes de las FARC y forzó el repliegue de sus frentes, es decir, su debilitamiento estratégico y militar; y la desmovilización de los grupos de autodefensa — cuyo número sobrepasó los 20,000 hombres.

Santos ha defendido los avances legados en esta materia, y ha abierto la puerta a la negociación política con las FARC como camino para acabar con el conflicto. La decisión de probar el diálogo cuando la superioridad militar se ha hecho evidente es necesaria pero arriesgada políticamente. Según las encuestas, la mayoría de los colombianos respaldan los diálogos de paz que se están llevando a cabo desde agosto de 2012 con esa guerrilla en La Habana; pero pese al momento histórico que estos representan, a la opinión pública en general le preocupa más el desempleo, y la calidad/cobertura de la salud que lograr un acuerdo de paz con la insurgencia (según una encuesta de Gallup).

La importancia de las negociaciones de paz para la economía es mayor de lo que piensa el electorado, pues dar por sentado que el modelo de desarrollo extractivo en curso es independiente de los vaivenes del conflicto armado es peligroso. Siendo la minería el principal motor exportador, el foco de la inversión extranjera y una fuente importantes recursos fiscales, lo que suceda en las regiones en términos de seguridad en la exploración, explotación y transporte de productos minero-energéticos afecta seriamente la competitividad del sector en los mercados externos. El rompimiento de los diálogos y un eventual regreso a la guerra abierta entre las FARC y el estado podría frenar el crecimiento derivado de este modelo. Para algunos economistas el fin del conflicto armado significaría un aumento del uno por ciento anual en el PIB. Si esto es importante en términos económicos, lo es más aun para la política y la sociedad en general. 

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