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Colombia: Lo que está en juego

El Fondo

En mayo Colombia decide si reelige al presidente saliente, Juan Manuel Santos, o vota por un nuevo líder. No es poco lo que esta en juego. Dependiendo de qué candidato llegue a la Casa de Nariño –  y el abanico de opciones abarca desde la derecha conservadora a la izquierda radical pasando por dos opciones de centros – algunas de las políticas medulares de los últimos años podrían verse revertidas, pues las diferencias entre los candidatos son sustanciales.

Sobre el papel, y en vista de esa diversidad política e ideológica, en las próximas elecciones existe el riesgo de que el péndulo en materia de política económica se distancie del modelo neoliberal. Por ejemplo, el ideario de unidad del partido de izquierda Polo Democrático tiene como punto de arranque “el rechazo de la globalización neoliberal expresada en el Tratado de Libre Comercio con EE.UU”. En 2012 Colombia firmó tal acuerdo con el coloso del norte y el año pasado otro con la Unión Europea, actualmente está en negociaciones similares con Corea del Sur. Si bien la izquierda buscaría renegociar o revertir arreglos de este tipo, la probabilidad de que llegue al poder es baja.

Sobre los diálogos de paz que el gobierno de Santos adelanta en La Habana con la guerrilla de las FARC, el gran crítico al proceso es el Centro Democrático (CD). El candidato del partido, Oscar Iván Zuluaga, ha dicho que “no se arrodillará ante el terrorismo ni el castro-chavismo”. Un punto importante en el que el CD ha capturado el sentimiento de los colombianos es en que la mayoría quiere ver a las FARC pagando sus crímenes con cárcel (81%, según una encuesta de Ipsos). Si el presidente electo fuera Zuluaga, el rumbo de los diálogos — como está formulado hoy — cambiaría drásticamente.

En el caso que el vencedor fuera Enrique Peñalosa – de Alianza Verde – y los eventuales acuerdos en La Habana llegaran a buen puerto, quedarían por resolver sus ratificaciones, en las que el Congreso tendrá voz y voto. La posición del partido verde como minoría, y los problemas de gobernabilidad que esto conlleva, no harán este trámite (ni ningún otro) nada fácil. Una situación en la que el partido del presidente cuenta con el 5% de los escaños en el Senado es inédita en el país.

La Forma

En esta ocasión el proceso electoral mismo será más importante de lo que parece a primera vista. Con abstencionismo, clientelismo, casos de fraude electoral y demás vicios e imperfecciones del sistema político, el proceso electoral deberá ser — y parecer — decididamente justo y democrático. Las garantías electorales en cuanto a seguridad, acceso a financiación estatal y a medios de comunicación públicos, han de ser efectivas y equitativas para todos los candidatos por dos razones de fuerza mayor.

Primero, el regreso del partido de izquierda Unión Patriótica (UP) que tras recuperar su personería jurídica participa en las elecciones en coalición con el Polo Democrático. A finales de los años 80 y comienzos de los noventas la UP fue victima de un “genocidio político” en el que dos candidatos presidenciales y 4,000 de sus militantes fueron asesinados. La participación de este partido en un proceso electoral democrático donde su programa e ideario puedan ser divulgados libremente, y esto se traduzca en votos y representatividad política tiene un significado extraordinario en la coyuntura actual, pues no solamente le demuestra a la izquierda radical (entre sus fundadores figuran integrantes de frentes guerrilleros desmovilizados) que sí es posible hacer política dentro del marco legal, sino que reconfirma la obsolescencia de la violencia como expresión política en el país.

Segundo, una aceptación generalizada entre electores y candidatos de que las elecciones presidenciales fueron limpias sería vital  para restar importancia a posibles acusaciones de ilegitimidad. Fuertes declaraciones alegando la ilegitimidad del recién elegido congreso fueron lanzadas por el popular expresidente Álvaro Uribe, ahora senador electo y jefe del CD, sobre los comicios legislativos del pasado 9 de marzo. Ante una posible derrota del candidato del uribismo en las elecciones presidenciales de mayo es probable que se intenten sembrar dudas sobre la legitimidad política de un segundo gobierno de Santos. La forma más eficaz de combatir este peligroso juego sería con un proceso electoral transparente y contundente — en el que ganadores y perdedores tengan que consentir los resultados sin vacilación.

Seguridad y Crecimiento

Las elecciones se dan en un contexto favorable para el país: una década de desempeño económico aceptable caracterizado por bajas tasas de inflación, crecientes influjos de inversión extranjera y apertura comercial. El sector minero-energético ha sido clave para el desarrollo exportador, generando divisas y recursos fiscales destinados al gasto militar y  social — la construcción de vivienda de interés social siendo un rubro importante. Colombia ha aprovechado la bonanza en los precios globales de productos primarios gracias a las mejoras que las dos administraciones de Álvaro Uribe (2002-2010) propiciaron en seguridad. Los factores determinantes de esta mejoría fueron dos: la exitosa arremetida militar que dio de baja a varios de los comandantes de las FARC y forzó el repliegue de sus frentes, es decir, su debilitamiento estratégico y militar; y la desmovilización de los grupos de autodefensa — cuyo número sobrepasó los 20,000 hombres.

Santos ha defendido los avances legados en esta materia, y ha abierto la puerta a la negociación política con las FARC como camino para acabar con el conflicto. La decisión de probar el diálogo cuando la superioridad militar se ha hecho evidente es necesaria pero arriesgada políticamente. Según las encuestas, la mayoría de los colombianos respaldan los diálogos de paz que se están llevando a cabo desde agosto de 2012 con esa guerrilla en La Habana; pero pese al momento histórico que estos representan, a la opinión pública en general le preocupa más el desempleo, y la calidad/cobertura de la salud que lograr un acuerdo de paz con la insurgencia (según una encuesta de Gallup).

La importancia de las negociaciones de paz para la economía es mayor de lo que piensa el electorado, pues dar por sentado que el modelo de desarrollo extractivo en curso es independiente de los vaivenes del conflicto armado es peligroso. Siendo la minería el principal motor exportador, el foco de la inversión extranjera y una fuente importantes recursos fiscales, lo que suceda en las regiones en términos de seguridad en la exploración, explotación y transporte de productos minero-energéticos afecta seriamente la competitividad del sector en los mercados externos. El rompimiento de los diálogos y un eventual regreso a la guerra abierta entre las FARC y el estado podría frenar el crecimiento derivado de este modelo. Para algunos economistas el fin del conflicto armado significaría un aumento del uno por ciento anual en el PIB. Si esto es importante en términos económicos, lo es más aun para la política y la sociedad en general. 

Colombia: Encuestas

Regulaciones

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es la autoridad responsable de ejercer el control y la vigilancia de la organización electoral. Esta institución vela por el cumplimiento de las normas sobre publicidad y encuestas de opinión política teniendo en cuenta que “la interventoría de la ley debe ser apenas la necesaria para promover y garantizar un proceso político equilibrado, legal y pluralista entre las fuerzas que en él participan”. En concordancia con esta disposición constitucional, las normas reguladoras de las encuestadoras políticas y electorales en Colombia son relativamente liberales.

Desde finales de los años 90, los requisitos para las empresas encuestadoras han sido esencialmente tres: primero, la inscripción en el registro del CNE, con representación legal si es persona jurídica o con registro mercantil si es persona natural; segundo, demostrar experiencia no menor de un año en la realización de encuestas; y por último, proveer tres constancias de medios de comunicación, empresas, instituciones o usuarios en general sobre la seriedad e idoneidad del trabajo.

La normativa actual prohíbe la divulgación de resultados de encuestas “a boca de urna” o exit polls en todo tipo de comicios. Así mismo establece un periodo de veda de siete días para elecciones presidenciales en el que se prohíbe la publicación de encuestas o sondeos. La veda se promulga con el propósito de favorecer “un margen de reflexión para que el elector decida su voto sin la presión externa de los medios de comunicación”. En América Latina, sólo Argentina aplica una veda más larga para elecciones presidenciales (15 días). Las encuestadoras han intentado reducir la duración de la veda sin éxito.

La divulgación de la ficha técnica es obligatoria para la publicación de encuestas electorales. Debe indicarse quién la efectúa y quién la encarga, la fuente de financiación, el tipo y tamaño de la muestra, las fechas de realización, los candidatos indagados, las áreas cubiertas, y el margen de error. Las encuestadoras tienden a cumplir con estos requisitos.

Encuestadoras

Ante el CNE, hay reconocidas hoy más de 180 encuestadoras entre compañías y personas naturales, de las cuales cerca de 60 cuentan con registro vigente para operar. Según Napoleón Franco, presidente de Ipsos-Napoleón Franco, Colombia tiene una de las cifras más altas de compañías encuestadoras en la región. Sin embargo, varias de ellas son de propiedad de políticos activos y han recibido sus certificados de idoneidad por parte de congresistas y gobernadores, lo que pone en entredicho su independencia. Las afinidades entre políticos y encuestadoras son más evidentes en los casos de empresas pequeñas, personas naturales y firmas que trabajan a nivel local principalmente.

Solo un puñado de firmas reconocidas por su experiencia, profesionalismo y/o asocio con empresas multinacionales del sector son comisionadas por los grandes medios de comunicación para hacer encuestas electorales a nivel nacional. Estas empresas son: Datexco, Yanhaas, Opinómetro, Centro Nacional de Consultoría, Ipsos-Napoleón Franco, Invamer-Gallup, y Cifras y Conceptos.

Las últimas cuatro son probablemente las que actualmente gozan de mayor reputación. Cifras y Conceptos requiere una mención aparte. La firma es una empresa creada recientemente y que se está consolidando como una de las encuestadoras más acertadas. Su gerente, César Caballero, fue Director del Departamento Nacional de Estadística de Colombia. Sus credenciales de profesional independiente son ampliamente reconocidas tras haber renunciado su cargo cuando la administración pasada lo presionó para no divulgar los resultados de una encuesta de victimización. Tras pronosticar acertadamente la elección de 64 de 70 senadores en las elecciones legislativas de 2014, el portal de noticias políticas colombiano online, La Silla Vacía lo apodó el “El César de las Encuestas”.

Confiabilidad y Controversia

El tema de la confiabilidad de las encuestas electorales genera controversia tanto entre la clase política y los comentaristas y analistas políticos, así como también entre las mismas encuestadoras. La última gran polémica se desató en torno a los sondeos para la primera vuelta de las elecciones presidenciales en 2010. A escasos días de los comicios al menos cinco de las encuestadoras más reconocidas (Centro Nacional de Consultoría, Datexco, Universidad de Medellín, Ipsos-Napoléon Franco, Invamer-Gallup) publicaron intenciones de voto favorable al candidato del Partido Verde, las que finalmente resultaron ser mucho más altas que en el voto real. El cálculo de votos fluctuaba entre 32% y 37%, mientras que la votación el día de la elección fue solo de 21%.

Tras los resultados la opinión pública en general y la clase política señalaron a las encuestadoras como “las grandes perdedoras” y adicionalmente, “falseadoras de la realidad”.

La teoría probabilística indica que una de cada 20 muestras puede distanciarse de los resultados de la tendencia central por encima del margen de error, por lo tanto, el desfase de las encuestadoras en dicha elección asombra.

La diferencia numérica se explica por dos factores. En Colombia, el voto rural es significativo y las encuestadoras tienden a subestimarlo, probablemente por los mayores costos de operación que implica identificar la opinión de un electorado sin líneas de teléfono fijo ubicado en municipios apartados de las grandes ciudades. Además, los cambios producidos entre los electores durante la semana previa a la elección, como es habitual, no se registraron.

Cabe destacar que desde el punto de vista estadístico (y de las firmas encuestadoras), la confiablidad se relaciona con la consistencia en la medición, siendo la confiabilidad alta si los resultados son consistentes bajo condiciones similares, y esto precisamente fue lo que mostraron los resultados de las encuestadoras, que eran consistentes entre sí.

Colombia: Sistema Electoral y Sistema de Partidos

Sistema Electoral

Entre 1958 y 1990 el Presidente de Colombia fue elegido con la mayoría relativa de los votos. Desde 1994, la Constitución establece el Presidente es elegido con la mayoría absoluta de los votos. Si ninguno de los candidatos alcanza más de 50% más uno de los votos, los dos candidatos más votados van a una segunda vuelta para elegir al presidente.

La ley dispone que la primera vuelta de la elección presidencial se debe repetir si los votos en blanco constituyen mayoría absoluta en relación a los votos válidos.

La duración del mandato presidencial es de cuatro años, pero desde 2003 se permite la relección consecutiva limitada a un período adicional.

La rama legislativa es bicameral. En la Cámara alta se eligen 100 senadores en una circunscripción nacional y dos senadores en una circunscripción especial para indígenas. En la Cámara baja se eligen 161 diputados en 33 distritos departamentales y la ciudad capital y cinco diputados en dos circunscripciones especiales para minorías (cuatro escaños) y para colombianos residentes en el exterior (un escaño). Los periodos de los congresistas son de cuatro años con posibilidades de relección inmediata e indefinida.

Las elecciones presidenciales y legislativas no son concurrentes desde 1978.

A partir de 2003, los partidos políticos sólo se pueden presentar con listas únicas para cada corporación pública, aunque cada partido decide si la lista es cerrada o con voto preferente. Esta reforma se promovió con el propósito de despersonalizar el voto del candidato y guiarlo más hacia su partido debido a que Colombia figuraba como unos de los países más atractivos para cultivar el voto personal.

El personalismo aún domina la escena electoral, particularmente en zonas rurales. En prácticamente todos los partidos políticos priman las figuras por sobre el programa. Gracias a la descentralización político-administrativa en marcha desde los años 90, las clientelas locales-municipales han adquirido más fuerza. Algunos analistas se atreven a hablar de que este fenómeno está desinstitucionalizando el sistema de partidos.

Desde 1991 cada partido político debe alcanzar un umbral para mantener su personería jurídica (2% de los votos válidos para el Senado, y 50% de la cuota electoral para la Cámara). En 2009 el umbral se elevó al 3%, y se introdujo la llamada “silla vacía”, regulación que no permite el reemplazo de un congresista si a éste se le vincula dentro de un proceso penal por delitos de lesa humanidad o delitos relacionados con narcotráfico o promoción, financiación y pertenencia a/de grupos armados ilegales. En 2011 se dispuso que en la conformación de las listas se garantizara la participación de uno de los dos géneros en al menos un 30%.

En 2003, una reforma política reemplazó la fórmula electoral aplicada desde 1975 para la repartición de escaños, que dentro del sistema de representación proporcional utilizaba el procedimiento de cociente electoral y residuos (sistema Hare) por el método de la  cifra repartidora (sistema D´Hondt). En un contexto de debilitamiento de los partidos políticos tradicionales, y de la elección en 2002 de un presidente independiente por primera vez, fue que esta medida se diseñó por los partidos tradicionales y la izquierda opositora con el ánimo de fortalecer el valor del prestigio y buen nombre de sus partidos.

Sistema de Partidos

Desde mediados del siglo XIX hasta finales de los noventas, el Partido Conservador y el Partido Liberal dominaron la política colombiana. Esta supremacía bipartidista se explicaba, entre otros factores, por la ausencia de partidos socialistas de masas, la composición multi-clasista del bipartidismo, la legitimidad política (que le otorgaron y renovaron las urnas una y otra vez) y la eficacia con que redistribuían empleos, bienes, favores y decisiones públicas entre las élites regionales y sus seguidores, es decir clientelismo extensivo. El bipartidismo en el siglo XX no fue solo movilización electoral, sino también la “institución nacional más fundamental”, pues desplegaba grandes capacidades de poder: símbolos, violencia y recursos económicos.

La hegemonía de Conservadores y Liberales llegó a su fin en el ciclo electoral de 2002, con la entrada de nuevos partidos al Congreso. El número efectivo de partidos en la Cámara de Diputados pasó de dos en 1974 a cinco en 2010.

El multipartidismo es una característica esencial y relativamente nueva del sistema de partidos colombiano. Además de Conservadores y Liberales, hoy figuran el Partido Social de la Unión Nacional (Partido de la U), del actual presidente Juan Manuel Santos; Cambio Radical; Opción Ciudadana, anteriormente Partido de Integración Nacional; Polo Democrático Alternativo; Alianza Verde; y el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA). A este grupo se suma la Unión Patriótica (UP), el cual recuperó su personería jurídica en 2013.

Financiamiento Electoral

Desde 1991 el financiamiento de las campañas electorales es mixta. Por un lado, el Estado aporta de forma directa con recursos para partidos y movimientos políticos con personería jurídica ante el Consejo Nacional Electoral. Los recursos se hacen efectivos por medio de anticipos y mediante la reposición de votos siempre que el candidato alcance un umbral fijado por la Ley (para la elección presidencial dicho umbral es del 4% de los votos válidos).

Por otro lado, el Estado aporta de forma indirecta. Este aporte se concreta mediante el acceso a espacios en radio y televisión que se facilitan a los candidatos aplicando criterios de igualdad y representatividad en los medios de comunicación públicos. La ley también establece topes a las sumas a invertir en las campañas electorales.

De acuerdo al Consejo Nacional Electoral, para la primera vuelta de la elección presidencial de 2014 los límites serán de US$ 6,6 millones ($13.500 millones de pesos colombianos) para el mandatario en ejercicio y de US$ 9,9 millones ($20.300 millones de pesos colombianos para los candidatos aspirantes.

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Tresquintos está preparando pronósticos electorales para Latinoamérica. El sitio está buscando reclutar a personas que puedan contribuir con información relevante sobre uno o más de los países que celebrarán elecciones en 2014. El candidato ideal tiene estudios avanzados en ciencia política o economía. Los interesados deben tener conocimiento en métodos estadísticos. Deben estar dispuestos a escribir mini-artículos semanales (circa 500 palabras) sobre el estado de la elección en alguno de los siguientes países:

  • Bolivia
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  • Colombia
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Los interesados deben mandar un e-mail con su curriculum vitae a: admin@tresquintos.com.

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Tresquintos is preparing electoral forecasts for Latin America. The website is looking to recruit people who can contribute with relevant background information on one or more of the countries that will hold presidential elections in 2014. The ideal candidate has advanced degrees in political science or economics. Applicants must have knowledge in statistical methods. They must be willing to write weekly mini-articles (circa 500 words) on the state of the election in any of the following countries:

  • Bolivia 
  • Brazil 
  • Colombia 
  • Uruguay 

Those interested should send an e-mail with their résumé to: admin@tresquintos.com.