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Elecciones Locales: El Fin de una Era

Treinta y tres millones de colombianos tendrán opción de votar en las elecciones locales el próximo 25 de octubre. Con más de 114,000 candidatos aspirando liderar municipios y departamentos desde gobernaciones, alcaldías municipales, asambleas departamentales, concejos, y juntas de acción local, estas elecciones batirán los records de participación de candidatos inscritos. Los comicios, sin embargo, revisten de mayor interés por otras razones. Primero, porque la reconfiguración de poderes políticos locales influirá las posiciones de los colombianos frente a los acuerdos de paz que se logren con la guerrilla de FARC en La Habana, acuerdos que deberán ser refrendados mediante un mecanismo representativo/participativo – aun por establecer. Y segundo, debido a la alta probabilidad de que las votaciones marquen un nuevo ciclo electoral.

Tres fenómenos en desarrollo prometen alterar el orden político vigente: el debilitamiento de la izquierda, el encumbramiento del partido Cambio Radical, y el debut del uribismo a nivel local.

La izquierda recibirá un revés enorme de perder la alcaldía de Bogotá tras 12 años de gobierno consecutivo. Dos tipos de evidencia le auguran unos comicios complicados. Primero, una tendencia decreciente del respaldo capitalino después de la contundente victoria de 2003, cuando el principal partido de izquierda, el Polo Democrático Alternativo, obtuvo el 46.3% de los votos. En 2007, el Polo volvió a ganar, si bien con una votación menor, 43.7%, mientras que en 2011, el movimiento Progresistas del actual burgomaestre, Gustavo Petro, retuvo el despacho con apenas el 32.2% de los sufragios. Según encuestas recientes la destorcida continúa, al punto que esta vez habrá relevo en el Palacio de Liévano. La candidata del Polo para la alcaldía de Bogotá, Clara López, no figura como favorita en la intención de voto de ninguna de las encuestas realizadas durante las últimas 10 semanas – ni tampoco como segunda. Además, la alianza de López con el alcalde Petro no sumará votos de opinión. Petro tiene un 57% de imagen desfavorable entre los bogotanos (Ipsos 01/08/2015), y el 64% de éstos desaprueban su gestión (Gallup 01/07/2015). Como si fuera poco, el 80% de aquellos que afirman haber votado por él en las pasadas elecciones sostiene que su desempeño estuvo por debajo de las expectativas (Ipsos 01/08/2015). En breve, Petro es un aliado radioactivo.

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Otro fenómeno importante es el debut del Centro Democrático en elecciones locales. El partido del ex-mandatario, Álvaro Uribe Vélez, presidente, fundador y orientador de esta colectividad se estrena en una coyuntura política que le es singularmente adversa. Por un lado, el apretón de manos estrechado entre el presidente Santos y el líder de las FARC el pasado mes de septiembre en Cuba, sumado al anuncio histórico de firmar la paz en menos de seis meses, ha generado un momentum muy oportuno a favor de la apuesta del gobierno por la paz. Según datos recolectados por el CNC (07/10/2015) tras estos eventos, el 57% de los colombianos cree que el país va por buen camino, y el 59% tiene una imagen favorable del presidente Santos (las cifras en julio eran 32% y 41%; respectivamente). Además, el 65% se siente optimista frente a los diálogos de paz, el 73% dice aprobar la decisión del presidente de abrir dichos diálogos con la guerrilla, y el 79% sostiene que personalmente aprobaría los acuerdos de paz si de él/ella dependiera. Este creciente respaldo de la opinión al proceso reduce el espacio y la eficacia electoral del Centro Democrático, principal opositor del gobierno – y de las negociaciones. Aún más preocupante para el uribismo es que el optimismo de parte importante de la opinión respecto al fin del conflicto armado hace del eje de su estrategia electoral – el discurso beligerante, anti-subversivo – un medio obsoleto como mecanismo de movilización de los votantes hacia sus propuestas y candidatos. En resumen, la paz hoy es costosa para el Centro Democrático, electoralmente hablando.

Como si esto no bastara, el Centro Democrático en su condición de partido nuevo, opositor y minoritario, se ha visto prácticamente privado de “mermelada” para vigorizar sus campañas – “mermelada” es el colombianismo con que popularmente se denomina la práctica de movilizar el voto clientelar. Si el uribismo a punta de carisma es capaz de replicar los resultados alcanzados en las elecciones parlamentarias de 2014, (fue el segundo partido más votado para el senado, logrando casi un 20% de representación) su relevancia y continuidad estarán sólidamente resguardadas. Las encuestas, sin embargo, no vaticinan esto. De las 20 principales ciudades del país, el Centro Democrático lidera ampliamente las intenciones de voto solo en dos: Medellín y Manizales. La primera representa la base electoral de Uribe Vélez, y la segunda es la capital departamental de donde es oriundo, y ha hecho gran parte de su carrera política, el excandidato presidencial, Oscar Iván Zuluaga, actual director del partido.

Si los horizontes para la izquierda y el uribismo son oscuros, para quien luce prometedor el panorama es para Cambio Radical – partido del actual vice-presidente, Germán Vargas Lleras. Esta colectividad, de hecho, se perfila como la vencedora de los comicios. De las 10 ciudades más importantes hoy Cambio Radical gobierna en una, pero según sondeos del CNC, con candidatos propios y por medio de alianzas locales es probable que gane en al menos tres (Bogotá, Barranquilla, Cúcuta), y dispute reñidamente otras cinco (Cali, Ibagué, Soledad, Armenia y Tunja). De ratificarse estas tendencias en las preferencias ciudadanas el próximo 25 de octubre, Cambio Radical dejará de verse como el socio minoritario del actual gobierno de coalición que lidera La Unión Social Nacional de Santos, y se convertirá en el partido favorito para gobernar el próximo cuatrienio en derecho propio. Vargas Lleras, quien vox populi, es firme candidato a la presidencia en 2018, fue denunciado recientemente ante el Concejo Nacional Electoral desde la coalición misma por hacer proselitismo.

En resumen, las elecciones locales recalibrarán las fuerzas políticas colombianas. El debilitamiento de la izquierda, aunado a la adversa coyuntura que los avances en el proceso de paz encarnan para el uribismo, apuntan a que en estos comicios los extremos del espectro político obtendrán votaciones modestas. El centro, por el contrario, flexible, amorfo, y poco ideológico crecerá. En este espacio, la aproximación de Cambio Radical como relevo inminente del Partido de La U agitará el banderazo que selle el inicio del nuevo ciclo.

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Santos y Zuluaga en la recta final

Por primera vez en la carrera por la presidencia aparece una encuesta en donde no hay un ganador claro. Adicionalmente dos escándalos vinculados a las candidaturas de Santos y Zuluaga amenazan con impactar la percepción de los votantes colombianos a 15 días de la elección.

Según el último sondeo divulgado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), las intenciones de voto ciudadanas registradas por el candidato oficialista, Juan Manuel Santos (Partido de La U), y el aspirante uribista, Oscar Iván Zuluaga (Centro Democrático), son demasiado próximas entre sí para decretar un puntero absoluto. Santos captura el 23% de la opinión, mientras que Zuluaga alcanza el 22%.

Si bien la encuesta del CNC confirma el despegue de la campaña de Zuluaga y el rezago de Enrique Peñalosa (Partido Verde), quién obtiene el 13% de las preferencias, otro sondeo publicado por Cifras y Conceptos (CyC) indica que Santos aún sigue al frente. Las mediciones de esta firma, más fiables gracias a las técnicas de recolección de datos que emplean (entrevista cara a cara, en lugar de encuesta telefónica), dan a Santos un 27% de las preferencias ciudadanas. Entre tanto, Zuluaga marca el 19% y el voto en blanco ocupa el tercer lugar con el 17%.

Estas cifras no representan novedad alguna para el oficialismo, ya que desde febrero las preferencias por Santos no han bajado más allá del 23%, ni han superado el 32%. Sin embargo, para Zuluaga los guarismos son muy positivos y requieren explicación. En línea con el mayor y mejor reconocimiento de Zuluaga que la encuesta de Gallup indicaba la semana pasada, el sondeo de CyC ratifica la creciente imagen favorable del candidato uribista, al pasar del 23% al 38% entre marzo y abril. Esta favorabilidad se estaría traduciendo en votos que no necesariamente vienen de otros candidatos, sino del descenso en el voto en blanco, el cual dentro de la serie de encuestas de CyC, bajó del 27% al 16%.

Otro elemento explicativo en el ascenso general de Zuluaga es su fortalecimiento en la plaza electoral más importante del país, Bogotá. Según la misma encuestadora, el porcentaje de capitalinos que votarían por Zuluaga, si las elecciones fueran mañana, sería el 29%. En marzo solo recogía un 16%. Es factible que los acercamientos con el ex-vicepresidente Francisco Santos — enemigo acérrimo del primer mandatario y favorito a la alcaldía de Bogotá — y que terminaron con su adhesión a la campaña de Zuluaga hace pocos días, hayan influido en este repunte.

La encuesta de CyC además señala un empate entre Peñalosa y Clara López (Polo Democrático y Unión Patriótica). Ambos candidatos capturan el 10% de las intenciones de voto. Entre tanto, Marta Lucía Ramírez (Partido Conservador) registra un 8%, igualando a los indecisos. De forma similar, el sondeo del CNC muestra a López con el 11%, a Ramírez con el 10%, el voto en blanco con apenas el 7% y a los indecisos con el 14%.

Escándalos con efecto político

A 15 días de la elección, esta semana las campañas presidenciales fueron sacudidas por fuertes escándalos vinculados a las candidaturas de Santos y Zuluaga.

En el oficialismo, Juan José Rendón Delgado (más conocido como J.J. Rendón), el principal asesor y estratega de la campaña del presidente Santos renunció el lunes a su cargo tras acusaciones de robarse millones de dólares de un grupo de narcotraficantes. El grupo habría estado negociando con el gobierno su entrega a la justicia. Hasta ahora parece claro que el presidente ignoró la propuesta mafiosa y dejó el caso en manos de la fiscalía. En tanto, el ex presidente Uribe aprovechó la ocasión para arremeter contra Santos, asegurando que Rendón habría girado US$ 2 millones para la campaña del actual mandatario en 2010, declaración que le valdrá una denuncia penal por parte del equipo santista.

En el terreno de Zuluaga las cosas no están mejor. Un hacker fue capturado el martes acusado de interceptar ilegalmente comunicaciones del gobierno, periodistas y miembros de las FARC, este último grupo en negociaciones de paz con el gobierno en La Habana. El hacker resultó ser un miembro de la campaña de Zuluaga.

Los vínculos del hacker con la campaña de Zuluaga quedaron al descubierto tras un fallido intento del gerente de la campaña (en compañía del hacker) por difundir una noticia según la cual las FARC obligarían a votar por Santos en el departamento del Putumayo. El hecho puso en el tapete las intenciones de jugar sucio en la contienda electoral y de hacerlo incluso a costa del proceso de paz. Las reacciones fueron inmediatas. El director del partido Liberal acusó a Zuluaga de traicionar al país en su afán presidencial. Adicionalmente, un senador exigió la renuncia de Zuluaga a la candidatura presidencial.

Por ahora el momentum mediático (negativo) está más cerca de Zuluaga que de Santos, aunque el efecto político de los escándalos en ambas candidaturas está por verse.

Colombia en statu-quo

La carrera por el control de la Casa de Nariño está transitando por una especie de letargo a poco menos de un mes de la elección. De no mediar sorpresas, Juan Manuel Santos (Partido de la U), será el primer candidato en asegurar un cupo para la inevitable segunda vuelta electoral. El presidente-candidato lidera la intención de voto con cerca de 30% de las preferencias.

La verdadera pregunta es quién lo acompañara en la segunda vuelta: Óscar Iván Zuluaga (Centro Democrático) o Enrique Peñalosa (Alianza Verde ). Si bien ambos contendores estarían casi igualados, el pronóstico de Tresquintos sugiere que la balanza estaría levemente inclinada hacia el aliado de Uribe. Mientras que Zuluaga obtendría cerca de 18%, Peñalosa obtendría cerca de 16%.

La relativa estabilidad en las preferencias de los colombianos se explica por un factor clave: la ausencia de un debate de ideas. Más allá de los mensajes y emplazamientos a través de los medios de comunicación, los candidatos a la presidencia no se han enfrentado cara a cara. Los colombianos no han podido comparar sus programas. Esto explicaría el alto porcentaje del voto en blanco, que si bien podría alcanzar un máximo histórico (16%, según el pronóstico de Tresquintos), no sería suficiente para invalidar la elección.

En este escenario de pasividad, Santos reporta los dividendos más altos. Los colombianos tienen absoluta claridad respecto al programa de gobierno del mandatario en ejercicio y por sobre todo, su propuesta en materia de seguridad democrática. La lenta marcha de las negociaciones de paz en La Habana extiende la ventaja de Santos frente a sus contendores. Para muchos votantes no parece una decisión prudente un cambio en el liderazgo mientras no se cierre el capítulo con las FARC.

Lo que queda por definir es si será sostenible rehuir el enfrentamiento cuando queden solo dos aspirantes al sillón presidencial. Cuando la segunda vuelta esté firmada, los días para un verdadero debate estarán contados.

Petro, la paz y el paro

La intención de voto en las encuestas que están por venir estarán marcadas por acontecimientos ligados a tres temas de gran visibilidad mediática: el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, la amenaza de un segundo paro agrario y la posible restitución del ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Dichos temas incidirán directamente en el gobierno y por consiguiente en el aspirante a la reelección por el partido de La U, el presidente en ejercicio, Juan Manuel Santos.

El candidato oficialista enfrenta una situación compleja. Sin titubear en su apuesta por la salida negociada al conflicto con la guerrilla, el presidente Santos declaró que iba a “jugársela por la paz hasta el último día de su vida”, agregando que ahora lo pensaría dos veces antes de dar de baja a Timochenko, el legendario cabecilla de las FARC.

Si bien, el proceso de paz ha sido uno de los emblemas del oficialismo, la defensa del proceso afronta dos retos que afectan la opinión de los electores en plena campaña: primero, la intensificación de acciones militares contra la fuerza pública por parte de la guerrilla socava el apoyo ciudadano al proceso. En las últimas semanas tres policías fueron asesinados en una emboscada en Caquetá, dos más fueron secuestrados, torturados y ultimados en Nariño y dos militares murieron en un atentado en el Amazonas. Según Cifras y Conceptos, el porcentaje de colombianos que cree que las acciones militares son la mejor solución en la lucha contra las FARC subió del 25% al 34% entre enero y finales de marzo, mientras que los que creen que el mejor camino es la negociación política, cayó del 39% al 30%.

Segundo, la vulnerabilidad que genera sostener los diálogos de paz y por otra parte combatir a la guerrilla hace que Juan Manuel Santos sea un blanco fácil para sus contendores en la carrera presidencial. El opositor, y candidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, acusó recientemente al mandatario de ser “débil e incompetente”. Asimismo y en relación con las dudas de si dar o no de baja a Timochenko, Zuluaga sostuvo que un presidente que vacila capturar al máximo jefe del narcotráfico y el terrorismo, no puede reelegirse.

Otra de las amenazas contra Santos es la posibilidad de un nuevo paro agrario, que el año pasado bloqueó importantes vías de comunicación. La movilización despertó la solidaridad de los urbanitas colombianos con las causas campesinas, y por consiguiente le significó al presidente Santos el descalabro más notable en su popularidad. Ante la acción agraria, el gobierno reaccionó ampliando créditos, garantizando precios y prometiendo auxilios. Las medidas parecen haber apaciguado a los cafeteros, arroceros y cacaoteros. Pese a estos esfuerzos hay sectores que aseguran seguir en problemas. Los movimientos sociales del campo en sintonía con la opinión favorable del electorado urbano pueden causar problemas, esta vez, irreversibles a la campaña re-eleccionista.

Por último, la saga de la alcaldía de Bogotá suma otro capítulo: los efectos de la polémica decisión tomada por el presidente Santos de no acatar las medidas cautelares recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En marzo, el organismo solicitó suspender la destitución del alcalde Gustavo Petro. Esta vez, la decisión de gobierno podría verse anulada si el Consejo de Estado decide restituir al burgomaestre, una sentencia que se espera después de Semana Santa. El presidente Santos, quién tendría pocas opciones ante el Alto Tribunal, ya anunció que acataría cualquier decisión que determine el ente. El posible regreso de Petro a la alcaldía no solo hará ver inocuas las acciones del presidente, sino que rehabilita la voz pública del alcalde y revitaliza la retórica anti-santista.

Colombia: Lo que está en juego

El Fondo

En mayo Colombia decide si reelige al presidente saliente, Juan Manuel Santos, o vota por un nuevo líder. No es poco lo que esta en juego. Dependiendo de qué candidato llegue a la Casa de Nariño –  y el abanico de opciones abarca desde la derecha conservadora a la izquierda radical pasando por dos opciones de centros – algunas de las políticas medulares de los últimos años podrían verse revertidas, pues las diferencias entre los candidatos son sustanciales.

Sobre el papel, y en vista de esa diversidad política e ideológica, en las próximas elecciones existe el riesgo de que el péndulo en materia de política económica se distancie del modelo neoliberal. Por ejemplo, el ideario de unidad del partido de izquierda Polo Democrático tiene como punto de arranque “el rechazo de la globalización neoliberal expresada en el Tratado de Libre Comercio con EE.UU”. En 2012 Colombia firmó tal acuerdo con el coloso del norte y el año pasado otro con la Unión Europea, actualmente está en negociaciones similares con Corea del Sur. Si bien la izquierda buscaría renegociar o revertir arreglos de este tipo, la probabilidad de que llegue al poder es baja.

Sobre los diálogos de paz que el gobierno de Santos adelanta en La Habana con la guerrilla de las FARC, el gran crítico al proceso es el Centro Democrático (CD). El candidato del partido, Oscar Iván Zuluaga, ha dicho que “no se arrodillará ante el terrorismo ni el castro-chavismo”. Un punto importante en el que el CD ha capturado el sentimiento de los colombianos es en que la mayoría quiere ver a las FARC pagando sus crímenes con cárcel (81%, según una encuesta de Ipsos). Si el presidente electo fuera Zuluaga, el rumbo de los diálogos — como está formulado hoy — cambiaría drásticamente.

En el caso que el vencedor fuera Enrique Peñalosa – de Alianza Verde – y los eventuales acuerdos en La Habana llegaran a buen puerto, quedarían por resolver sus ratificaciones, en las que el Congreso tendrá voz y voto. La posición del partido verde como minoría, y los problemas de gobernabilidad que esto conlleva, no harán este trámite (ni ningún otro) nada fácil. Una situación en la que el partido del presidente cuenta con el 5% de los escaños en el Senado es inédita en el país.

La Forma

En esta ocasión el proceso electoral mismo será más importante de lo que parece a primera vista. Con abstencionismo, clientelismo, casos de fraude electoral y demás vicios e imperfecciones del sistema político, el proceso electoral deberá ser — y parecer — decididamente justo y democrático. Las garantías electorales en cuanto a seguridad, acceso a financiación estatal y a medios de comunicación públicos, han de ser efectivas y equitativas para todos los candidatos por dos razones de fuerza mayor.

Primero, el regreso del partido de izquierda Unión Patriótica (UP) que tras recuperar su personería jurídica participa en las elecciones en coalición con el Polo Democrático. A finales de los años 80 y comienzos de los noventas la UP fue victima de un “genocidio político” en el que dos candidatos presidenciales y 4,000 de sus militantes fueron asesinados. La participación de este partido en un proceso electoral democrático donde su programa e ideario puedan ser divulgados libremente, y esto se traduzca en votos y representatividad política tiene un significado extraordinario en la coyuntura actual, pues no solamente le demuestra a la izquierda radical (entre sus fundadores figuran integrantes de frentes guerrilleros desmovilizados) que sí es posible hacer política dentro del marco legal, sino que reconfirma la obsolescencia de la violencia como expresión política en el país.

Segundo, una aceptación generalizada entre electores y candidatos de que las elecciones presidenciales fueron limpias sería vital  para restar importancia a posibles acusaciones de ilegitimidad. Fuertes declaraciones alegando la ilegitimidad del recién elegido congreso fueron lanzadas por el popular expresidente Álvaro Uribe, ahora senador electo y jefe del CD, sobre los comicios legislativos del pasado 9 de marzo. Ante una posible derrota del candidato del uribismo en las elecciones presidenciales de mayo es probable que se intenten sembrar dudas sobre la legitimidad política de un segundo gobierno de Santos. La forma más eficaz de combatir este peligroso juego sería con un proceso electoral transparente y contundente — en el que ganadores y perdedores tengan que consentir los resultados sin vacilación.

Seguridad y Crecimiento

Las elecciones se dan en un contexto favorable para el país: una década de desempeño económico aceptable caracterizado por bajas tasas de inflación, crecientes influjos de inversión extranjera y apertura comercial. El sector minero-energético ha sido clave para el desarrollo exportador, generando divisas y recursos fiscales destinados al gasto militar y  social — la construcción de vivienda de interés social siendo un rubro importante. Colombia ha aprovechado la bonanza en los precios globales de productos primarios gracias a las mejoras que las dos administraciones de Álvaro Uribe (2002-2010) propiciaron en seguridad. Los factores determinantes de esta mejoría fueron dos: la exitosa arremetida militar que dio de baja a varios de los comandantes de las FARC y forzó el repliegue de sus frentes, es decir, su debilitamiento estratégico y militar; y la desmovilización de los grupos de autodefensa — cuyo número sobrepasó los 20,000 hombres.

Santos ha defendido los avances legados en esta materia, y ha abierto la puerta a la negociación política con las FARC como camino para acabar con el conflicto. La decisión de probar el diálogo cuando la superioridad militar se ha hecho evidente es necesaria pero arriesgada políticamente. Según las encuestas, la mayoría de los colombianos respaldan los diálogos de paz que se están llevando a cabo desde agosto de 2012 con esa guerrilla en La Habana; pero pese al momento histórico que estos representan, a la opinión pública en general le preocupa más el desempleo, y la calidad/cobertura de la salud que lograr un acuerdo de paz con la insurgencia (según una encuesta de Gallup).

La importancia de las negociaciones de paz para la economía es mayor de lo que piensa el electorado, pues dar por sentado que el modelo de desarrollo extractivo en curso es independiente de los vaivenes del conflicto armado es peligroso. Siendo la minería el principal motor exportador, el foco de la inversión extranjera y una fuente importantes recursos fiscales, lo que suceda en las regiones en términos de seguridad en la exploración, explotación y transporte de productos minero-energéticos afecta seriamente la competitividad del sector en los mercados externos. El rompimiento de los diálogos y un eventual regreso a la guerra abierta entre las FARC y el estado podría frenar el crecimiento derivado de este modelo. Para algunos economistas el fin del conflicto armado significaría un aumento del uno por ciento anual en el PIB. Si esto es importante en términos económicos, lo es más aun para la política y la sociedad en general.